RSS Feed (xml) WASHINGTON. AFP. La promulgación en Arizona de una ley sin precedentes que obliga a detener a los indocumentados amenaza con convulsionar el debate migratorio en Estados Unidos, donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles.
"Están sucediendo muchas cosas, pero tienen que suceder de forma adecuada. Si esto se vuelve algo partidista, todos vamos a salir perdiendo", advierte Bob Sakaniwa, director asociado de la Asociación de Abogados de temas migratorios. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la ley SB 1070, que por primera vez en EEUU obliga a la policía de un estado a identificar y detener a los migrantes ilegales.
Unos 460,000 indocumentados viven en Arizona, un estado fronterizo con México. Vivir y trabajar en Estados Unidos sin papeles es ya de por sí un delito, pero de ámbito federal.
Decenas de circunscripciones policiales tienen firmados acuerdos con el gobierno federal para ejercer de policías migratorios, pero sólo a partir de otros delitos. La nueva ley de Arizona obliga a los policías a detener a las personas a partir de "dudas razonables" de que puedan ser ilegales.
Si no lo hacen, pueden ser demandados por los ciudadanos del estado.
La tensión en torno a los acontecimientos en Arizona tiene consecuencias peligrosas, según analistas y expertos que participan en los debates actualmente en Washington.
Solamente un senador republicano, Lindsay Graham, está negociando en estos momentos con otro demócrata, Chuck Schumer, un posible texto de reforma, basada en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación.
Para los demócratas, cuyas perspectivas electorales en noviembre se anuncian difíciles, la tentación es romper la baraja y presentar un texto propio de reforma, como ya hicieron con la reforma de los servicios de salud o la bancaria.
Gobernadora Arizona dice aplicará ley
PHOENIX, Arizona, EE. UU. AP. La gobernadora de Arizona asegura que la enérgica nueva ley sobre inmigración será aplicada sin apelar a la individuación racial, pero por lo menos dos organizaciones están preparando objeciones legales y México advirtió que la ley podría afectar las relaciones fronterizas. La gobernadora Jan Brewer firmó el viernes el proyecto de ley que, según sus partidarios, dejará en libertad a la policía para lidiar con la inmigración ilegal en Arizona. “Nosotros en Arizona hemos sido pacientes por demás a la espera de que Washington actuara”, dijo Brewer. “Pero décadas de inacción y políticas erróneas han creado una situación peligrosa e inaceptable”. El mismo viernes, el presidente Barack Obama calificó la ley de “descaminada” y encomendó al Departamento de Justicia que determine si es legal.
Zoom
Presentarán querellas
Dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra la nueva ley en Arizona. El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la legislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país". Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva ley.
"Están sucediendo muchas cosas, pero tienen que suceder de forma adecuada. Si esto se vuelve algo partidista, todos vamos a salir perdiendo", advierte Bob Sakaniwa, director asociado de la Asociación de Abogados de temas migratorios. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la ley SB 1070, que por primera vez en EEUU obliga a la policía de un estado a identificar y detener a los migrantes ilegales.
Unos 460,000 indocumentados viven en Arizona, un estado fronterizo con México. Vivir y trabajar en Estados Unidos sin papeles es ya de por sí un delito, pero de ámbito federal.
Decenas de circunscripciones policiales tienen firmados acuerdos con el gobierno federal para ejercer de policías migratorios, pero sólo a partir de otros delitos. La nueva ley de Arizona obliga a los policías a detener a las personas a partir de "dudas razonables" de que puedan ser ilegales.
Si no lo hacen, pueden ser demandados por los ciudadanos del estado.
La tensión en torno a los acontecimientos en Arizona tiene consecuencias peligrosas, según analistas y expertos que participan en los debates actualmente en Washington.
Solamente un senador republicano, Lindsay Graham, está negociando en estos momentos con otro demócrata, Chuck Schumer, un posible texto de reforma, basada en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación.
Para los demócratas, cuyas perspectivas electorales en noviembre se anuncian difíciles, la tentación es romper la baraja y presentar un texto propio de reforma, como ya hicieron con la reforma de los servicios de salud o la bancaria.
Gobernadora Arizona dice aplicará ley
PHOENIX, Arizona, EE. UU. AP. La gobernadora de Arizona asegura que la enérgica nueva ley sobre inmigración será aplicada sin apelar a la individuación racial, pero por lo menos dos organizaciones están preparando objeciones legales y México advirtió que la ley podría afectar las relaciones fronterizas. La gobernadora Jan Brewer firmó el viernes el proyecto de ley que, según sus partidarios, dejará en libertad a la policía para lidiar con la inmigración ilegal en Arizona. “Nosotros en Arizona hemos sido pacientes por demás a la espera de que Washington actuara”, dijo Brewer. “Pero décadas de inacción y políticas erróneas han creado una situación peligrosa e inaceptable”. El mismo viernes, el presidente Barack Obama calificó la ley de “descaminada” y encomendó al Departamento de Justicia que determine si es legal.
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Presentarán querellas
Dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra la nueva ley en Arizona. El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la legislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país". Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva ley.
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